La favela de la Penha, en Río de Janeiro, amaneció entre el silencio y la rabia. En una plaza del barrio, decenas de cuerpos fueron alineados por los propios vecinos tras la operación policial más mortífera que haya vivido la ciudad. Según la Defensoría Pública, al menos 121 personas murieron, entre ellas cuatro agentes, durante un operativo que el gobierno local calificó como “exitoso”, pero que ha encendido alarmas nacionales e internacionales por el nivel de violencia.

El operativo, lanzado el martes con 2,500 policías y vehículos blindados, tenía como objetivo desarticular al Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. En total, fueron arrestados 113 sospechosos y decomisadas más de cien armas y toneladas de droga. Sin embargo, las imágenes de cadáveres apilados en la vía pública y los testimonios de habitantes que denuncian ejecuciones sumarias han puesto en entredicho la legitimidad del despliegue.

La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobernador de Río, Cláudio Castro, explicar el desarrollo del operativo, el número real de víctimas y las medidas tomadas para asistir a las familias afectadas. El juez Alexandre de Moraes citó a Castro a una audiencia el próximo 3 de noviembre, en seguimiento a un fallo anterior que establece límites y protocolos para las acciones policiales en favelas.

Desde Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por la cifra de muertos y criticó la falta de coordinación con el gobierno federal. En respuesta a la crisis, se anunció la creación de una Oficina de Emergencia contra el Crimen Organizado, con el propósito de replantear la estrategia de seguridad en Río y frenar una espiral de violencia que, en un solo día, dejó una herida abierta en la historia reciente de Brasil.