Con el objetivo de fortalecer la igualdad de género y garantizar la atención integral a los derechos de las mujeres, el Congreso del Estado aprobó un decreto que modifica el artículo 89 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, estableciendo la obligatoriedad de que todos los municipios cuenten con una Comisión Permanente de Asuntos de la Mujer.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, explicó que la reforma busca consolidar estructuras institucionales capaces de implementar políticas públicas con perspectiva de género, cumpliendo con los compromisos de México ante organismos internacionales y la Constitución, que establece la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El dictamen señala que las comisiones permanentes municipales son órganos colegiados conformados por los regidoresde cada ayuntamiento, encargados de analizar, estudiar y dictaminar proyectos y temas específicos antes de presentarlos ante el cabildo. Con la inclusión de la Comisión de Asuntos de la Mujer, los municipios podrán atender de manera especializada las problemáticas relacionadas con la igualdad, derechos de las mujeres y erradicación de la violencia de género.
Asimismo, la nueva comisión permitirá dar seguimiento a las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, promover la asignación de recursos con enfoque de género y coordinar esfuerzos con la Instancia Municipal de las Mujeres y otras dependencias estatales.
Guajardo Barrera destacó que esta adecuación no generará gastos adicionales para los municipios, ya que se trata de una reorganización de las funciones de los regidores dentro del cabildo, enfocadas en garantizar que la gestión pública atienda de manera efectiva las necesidades y derechos de las mujeres.
Con esta medida, San Luis Potosí se suma a las entidades que buscan fortalecer la participación de las mujeres en la administración municipal, asegurando que todas las decisiones y políticas locales consideren la equidad de género como un principio fundamental de la gobernanza.
