En la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado se aprobó una reforma a la Ley de Aguas del Estado, que adiciona el artículo 76 Bis y establece responsabilidades claras para los municipios, organismos operadores de agua y prestadores de servicios en materia de saneamiento de cuerpos de agua. La iniciativa fue promovida por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien destacó que la medida permitirá reducir la contaminación de ríos y lagos, asegurando agua de calidad y protegiendo la salud de los potosinos.

“El objetivo es que los municipios eviten descargar residuos sin tratamiento a los cuerpos de agua, lo que generará un beneficio social y ambiental tangible”, explicó Gámez Macías. La reforma establece que los municipios con cuerpos de agua superficial en su territorio deberán elaborar y ejecutar acciones de saneamiento en coordinación con sus organismos operadores, siguiendo criterios técnicos, ambientales y sociales.

Las medidas deberán incorporarse en los Programas Operativos Anuales y en los programas municipales de desarrollo, incluyendo diagnósticos semestrales de fuentes de contaminación, inventario de descargas sanitarias, implementación de acciones de limpieza y tratamiento, mecanismos de evaluación progresiva y la publicación de informes anuales dirigidos al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal del Agua.

Para facilitar el cumplimiento de la normativa, los municipios podrán establecer convenios con la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, instituciones educativas, organismos de la sociedad civil o entidades federales especializadas. Además, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado verificará mediante auditorías de desempeño el cumplimiento de estos planes y programas durante la revisión de la cuenta pública.

El dictamen aprobado en comisión será turnado al pleno para su votación, y se prevé que los legisladores sostengan reuniones con el titular del Instituto de Fiscalización Superior para resolver dudas y garantizar el seguimiento adecuado de los informes trimestrales, consolidando así un marco legal más robusto para la preservación de los recursos hídricos en San Luis Potosí.