El gobierno de Estados Unidos volvió a demostrar su músculo naval en el Pacífico Oriental al hundir dos embarcaciones señaladas como narcolanchas. Los ataques, ejecutados por orden directa del presidente Donald Trump, dejaron seis presuntos narcoterroristas muertos y avivaron la polémica por el uso del poder militar en operaciones antidrogas fuera de territorio estadounidense.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que los bombardeos fueron “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones operadas por organizaciones clasificadas como terroristas. De acuerdo con los reportes de inteligencia, los barcos transportaban estupefacientes por rutas conocidas de tráfico marítimo, en una zona frecuentemente utilizada por redes criminales latinoamericanas.

Las operaciones se desarrollaron en aguas internacionales, sin bajas estadounidenses. Sin embargo, los incidentes reavivaron críticas en América Latina, especialmente desde los gobiernos de Venezuela y Colombia, que acusan a Washington de actuar con una visión intervencionista bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Con estas acciones, ya suman más de 70 muertos y una veintena de embarcaciones destruidas desde que la administración Trump lanzó su ofensiva marítima en septiembre. La campaña, considerada el mayor despliegue naval estadounidense desde la Guerra del Golfo, mantiene destructores, buques anfibios y un portaaviones nuclear en el Caribe, en una estrategia que mezcla política interna, poderío militar y la vieja narrativa de la “guerra contra las drogas”.