En la mañana de este lunes, maestras de la Licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron haber sido víctimas de actos discriminatorios por parte de autoridades y colegas de la Facultad de Derecho, "Lic. Ponciano Arriaga Leija", con motivo de las discrepancias durante el actual proceso de elección de la dirección.
Cinco doctoras que imparten cátedra en las instalaciones señalaron a Javier Delgado Carrillo, titular interino de la Facultad, como responsable de permitir la violencia de género que expuso públicamente a Edith Argüelles Barrientos, a burlas frente a sus compañeros durante una reunión informativa, el martes 05 de noviembre.
La comitiva que se desarrolló en el Aula Magna de la mencionada institución -explicaron- fue convocada por el propio director y presidida además, por la consejera maestra, Georgina González Cázares, al igual que el presidente de la Asociación de Personal Académico, Carlos Arreola Sánchez; con el propósito de discutir las estrategias que se tomarían para fortalecer la seguridad y coadyuvar en los protocolos de atención a víctimas.
Sin embargo, cuando llegó el momento de Argüelles Barrientos para tomar la participación, narró que fue objeto de abucheos e interrupciones por resaltar la escasa representación de género en las elecciones. Mientras que las autoridades no intervinieron para detenerlas, un hecho que vulneró sus derechos.
"El maestro Javier Delgado hizo caso omiso, en ningún momento tomó la palabra para pedir la compostura, lo cual también es una violación a mis derechos, a los estatutos orgánicos y al código de ética", dijo.
A la vez, mencionó que como mujer dentro del espectro autista "este evento no solamente es un hecho de discriminación contra la libre expresión, sino una discriminación por motivos de discapacidad".
Junto con ella, María Zuhey Tristán Rodríguez, Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, Violeta Mendez Carlos Silva, y Roxana Montejano Villaseñor entregaron los documentos dirigidos al rector de la universidad, Javier Alejandro Zermeño Guerra, el Consejo Universitario y la Defensoría de Derechos Universitarios para su procedimiento.
En tanto, las docentes reiteran la preocupación legítima ante la crisis institucional que atraviesa la facultad, así como señalaron un temor a represalias de la actual administración.
"Discrepar no debe hacernos sujetas a un linchamiento ni al escarnio público ni a la amenaza discreta. Antes bien promovemos el diálogo y el razonamiento conjunto", finalizaron.