Por Redacción Contra Réplica

Avanza propuesta para que la consulta popular y la revocación de mandato coincidan con las elecciones federales

La iniciativa busca aumentar la participación ciudadana y reducir costos al unificar los procesos democráticos en una sola jornada electoral.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encabezada por Leonel Godoy Rangel, legislador de Morena, se prepara para discutir el dictamen que propone realizar la consulta popular y la revocación de mandato el mismo día que las elecciones intermedias federales. La propuesta forma parte de una reforma constitucional que pretende hacer más eficiente el ejercicio democrático y disminuir los gastos públicos asociados a la organización de estos procesos.

El proyecto, impulsado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, plantea modificar las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución, con el propósito de adelantar la fecha de la consulta popular, que dejaría de celebrarse el primer domingo de agosto para realizarse el primer domingo de junio, en coincidencia con la jornada electoral federal. Con ello, también se propone que la revocación de mandato presidencial se lleve a cabo en esa misma fecha.

De acuerdo con el legislador promotor, esta medida permitiría mayor participación ciudadana, además de evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos y administrativos. El dictamen también contempla un ajuste en el periodo de solicitud de la revocación, que pasaría del 1 de octubre al 31 de diciembre posteriores al segundo año del sexenio.

Otro de los aspectos destacados del documento es la incorporación de lenguaje incluyente, sustituyendo la expresión “Presidente de la República” por “la persona titular de la Presidencia de la República”, en concordancia con las reformas recientes en materia de igualdad de género y lenguaje no sexista.

En caso de ser aprobado en la comisión, el dictamen será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y eventual votación en los próximos días. Si se aprueba, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, otorgando al Congreso un plazo de 180 días para adecuar la legislación secundaria a las nuevas disposiciones constitucionales.