Por Redacción Contra Réplica

Proponen endurecer sanciones a choferes del transporte público por infracciones de tránsito

La iniciativa busca reforzar la seguridad vial y prevenir conductas negligentes que pongan en riesgo la vida de pasajeros y peatones

Con el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar un servicio de transporte público responsable, la diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa que propone incrementar las sanciones económicas a los operadores que cometan infracciones de tránsito poniendo en riesgo la integridad de los usuarios o de terceros.

La propuesta, que plantea una modificación al artículo 100 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, establece que cuando un operador del transporte público incurra en faltas graves, como conducir a exceso de velocidad, bajo el influjo de alcohol o drogas, o realizar maniobras peligrosas, la multa aplicada deberá aumentarse en un 50 por ciento respecto del monto original.

De acuerdo con la legisladora, esta medida tiene el objetivo de desincentivar las conductas imprudentes y fomentar una cultura de respeto a la vida y a las normas de tránsito. “No se trata de criminalizar el trabajo de los operadores, sino de asegurar que su desempeño esté alineado con la responsabilidad que implica trasladar vidas humanas todos los días”, explicó Robles Chairez.

La diputada enfatizó que actualmente la Ley de Tránsito no contempla una agravante específica para los choferes del transporte público, pese a que su labor implica un riesgo potencial mayor por el número de pasajeros a su cargo. “No es lo mismo una infracción cometida por un conductor particular que por un operador que transporta a decenas de personas; el impacto de sus acciones puede ser mucho más grave”, subrayó.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso de las autoridades con la seguridad pública y la protección de los usuarios del transporte colectivo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado para su análisis y dictamen, con la expectativa de que pueda ser integrada en las leyes de ingresos municipales del próximo ejercicio fiscal.