El reloj corre para Grupo Salinas. Este miércoles vence el plazo para que TV Azteca y 39 de sus filiales presenten ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York una moción que podría definir su futuro financiero inmediato. El conglomerado, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, intenta detener o suspender un proceso legal promovido por sus acreedores, liderados por The Bank of New York Mellon, quienes reclaman el pago de una deuda que ya alcanza los 580 millones de dólares.

La orden judicial, emitida por el juez Paul G. Gardephe del Distrito Sur de Nueva York, exige a las empresas mexicanas entregar una carta formal que podría abrir la puerta a un arbitraje privado. Con ello, Grupo Salinas buscaría ganar tiempo y evitar que el caso avance hacia los tribunales, donde los demandantes presionan para iniciar el juicio antes del 5 de diciembre.

El conflicto tiene raíces en una emisión de bonos de 2017 por 400 millones de dólares que no fue cubierta en su totalidad, y que se agrava con las disputas fiscales que el SAT mantiene con el grupo por adeudos de hace más de 17 años. Los inversionistas, mientras tanto, no solo exigen el pago, sino también transparencia sobre las operaciones del conglomerado mediático y financiero.

En medio de esta tormenta legal, los acreedores iniciaron un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, involucrando incluso al Estado mexicano. Lo que comenzó como un problema financiero para TV Azteca se perfila ahora como un caso que podría marcar precedente en el trato a inversionistas extranjeros y la rendición de cuentas de los grandes grupos empresariales en México.