El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, informó que será durante el ejercicio fiscal 2026 cuando se destinen recursos específicos para la realización de consultas ciudadanas relacionadas con diversos ordenamientos legales que han sido instruidos por órganos jurisdiccionales.

El legislador precisó que, dentro del presupuesto del próximo año, no se contempla ningún incremento en las dietas de las y los integrantes de la LXIV Legislatura, ni siquiera en el porcentaje correspondiente a la inflación. “Desde la Legislatura anterior se redujo la dieta, y hasta el momento no ha sido tema de discusión en la mesa; seguiremos percibiendo el mismo monto”, señaló.

En cuanto a los ajustes realizados a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos 2025 del Poder Ejecutivo, Serrano Cortés explicó que el Congreso del Estado dispondrá de alrededor de 10 millones de pesos adicionales, los cuales serán canalizados principalmente para cubrir incrementos salariales del personal y atender temas de pensiones, que representan uno de los compromisos más relevantes para la administración estatal.

El diputado subrayó que el fondo de pensiones actual es insuficiente, por lo que el Gobierno del Estado ha tenido que asumir parte del financiamiento para garantizar los pagos correspondientes. “Se están haciendo los ajustes necesarios para atender compromisos históricos que requieren continuidad y responsabilidad fiscal”, explicó.

Finalmente, Serrano Cortés puntualizó que el presupuesto 2026, que será presentado el 20 de noviembre, deberá incluir el financiamiento de las consultas ciudadanas, en cumplimiento de los mandatos judiciales. “El Congreso ya presentó la solicitud; ahora dependerá del Ejecutivo definir la inclusión o no de los recursos, conforme lo considere la Secretaría de Finanzas”, añadió.

Con ello, el Congreso potosino busca mantener un manejo responsable de los recursos públicos, sin incrementos en los gastos legislativos y priorizando la atención de obligaciones institucionales y sociales.