Bajo la sombra del estado de emergencia declarado en octubre, las cárceles de Perú han sido escenario de una operación de control sin precedentes. El INPE ejecutó más de 2 500 operaciones de requisa en menos de cuatro meses en los 68 establecimientos penitenciarios del país, una cifra que supera en un 20 % los registros del mismo período de años anteriores. Durante los operativos se incautaron 227 teléfonos, más de 636 accesorios de telefonía y 2 433 gramos de drogas, junto con armas punzocortantes y litros de alcohol fermentado.

Allí no sólo se revisaron celdas y pabellones, sino que también se intensificaron los traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia centros de máxima seguridad. Esta oleada de intervenciones responde a la crítica realidad interna de los penales, considerada por las autoridades como “centros de comando” desde donde operan extorsiones, amenazas y redes delictivas que afectan a la ciudadanía.

El ministro de Justicia subrayó la acción como parte de una “limpieza estructural” del sistema penitenciario, reflexionando que las cárceles no pueden quedar al margen del control del Estado cuando el crimen organizado las utiliza como plataforma. También advirtió que los resultados son apenas el inicio de una estrategia más amplia que incluirá bloqueadores de señal, tecnología de monitoreo y suspensión de visitas para reforzar el orden.

Desde una perspectiva social, el operativo plantea un cambio de enfoque: más allá de ver las cárceles como entornos cerrados y al margen, las autoridades comienzan a tratarlas como parte activa del sistema de seguridad nacional. Esta transformación podría traducirse en mayor protección para los ciudadanos, pero también exige vigilancia constante para que las medidas no queden en gestos simbólicos, sino se conviertan en barreras reales contra la criminalidad.