Tras anunciarse el logro de que, en el 2026 el Gobierno del Estado arrancará con el pago de obligaciones ordinarias a pensionados con un endeudamiento en ceros frente a la Dirección Estatal de Pensiones, la Secretaría General de Gobierno convocó esta mañana a una rueda de prensa para puntualizar las acciones que seguirán para mantener un récord sostenible y que -a diferencia de sexenios anteriores-, no se herede una deuda a las gubernaturas venideras.
Al poner sobre la mesa los datos duros, Guadalupe Torres Sánchez, secretario general informó que desde septiembre de 2021 -cuando inició el actual sexenio- y hasta octubre de este año, el ejecutivo estatal inyectó 11 mil 430 millones de pesos de recursos estatales para rescatar el fondo de pensiones que fue brutal y descaradamente saqueado en el pasado. Actualmente -dijo-, el sistema resguarda a 9 mil 029 inscritos de este beneficio de ley, entre ellos, 5 mil 400 ex trabajadores del sector burócrata, mil 781 docentes de telesecundarias, y mil 753 maestros del sistema estatal. Así como un pequeño fondo reservado para 39 cotizantes de la propia dependencia.
“Cuando llegamos algunos de esos sectores se encontraban prácticamente descapitalizados… En la vida activa del cotizante y posterior pensionado, este aporta una cantidad de su salario al fondo de pensiones que después se complementa con una aportación que hace el poder ejecutivo... ¿Qué pasó con los fondos? Pasó de todo. No se aportaba y con lo poco o mucho que había se hicieron inversiones confusas fuera de México, algunas vinculadas a la delicuencia organizada, ficticias, inexistentes. El más brusco saqueo por parte de los funcionarios al frente de la dirección”, dijo. Un caso que como recordó el secretario, apuntó no solo al destape de un desfalco millonario en las prestaciones de los trabajadores -que ya es investigado y sancionado por la Fiscalía General del Estado-. Si no que también puso en tela de juicio la urgencia de regular y criticar los excesos en las dietas salariales de algunos ex funcionarios.
“Se ha buscado equilibrar y rescatar este sistema de pensiones”. Explicó que durante la vida laboral de algunos beneficiarios, no se generó “ni un tercio de la aportación que actualmente gozan en la mensualidad de su retiro”, lo que finalmente recarga la mano del ejecutivo quien asume el resto con recursos estatales. Según narró, algunos de los burócratas o incluso maestros llegaron a superar los 140 mil pesos de pensión cada uno.
Y así, durante los últimos 17 meses, Torres Sánchez resumió que la Secretaría de Finanzas autorizó la entrega de más de 3 mil 760 millones de pesos, que hacia el cierre de este año con mil 200 millones de pesos adicionales, liquidarán al fin la deuda arrastrada durante años. Sin embargo, el trabajo no se limita a este abono, pues sin las regulaciones adecuadas, las obligaciones sobrepasarán de nuevo el fondo.
Esto en números más exactos, se traduce en que los sindicatos recaudan menos del 20 por ciento de su salario para reservarlo a pensionados. Según explicó el titular de la Dirección de Pensiones, Arturo Coronado, solo en este próximo 25 de noviembre, el ejecutivo cumplirá con 900 millones de pesos en gastos mensuales de nómina debido a los parámetros desiguales que conviven entre los conceptos de aportaciones vs obligaciones.
“En el sector burócrata las aportaciones son apenas del siete por ciento. Tenemos otro sector que es telesecundarias que es del 10 por ciento y la sección 52, del 14 por ciento. En las nóminas que enfrentamos mes con mes, la de burócratas cuesta 140 millones de pesos mensuales, a comparación, el patronato recauda apenas 60 millones de pesos en aportaciones. Es decir, nosotros enfrentamos un déficit de 80 millones de pesos mensuales”, dijo. Siguiendo esa línea, la sección de telesecundarias -calculó-, colapsó por un déficit de más del 78% por ciento de los 60 millones que cuesta pagarlo. Al igual que la sección 52 cuya recaudación -aunque mucho mayor-, genera un gasto de 9 millones de pesos, periódicamente.
“En San Luis Potosí traemos sueldos de la burocracia por encima de la media”, criticó Coronado. A diferencia de otros sistemas en los que sí se aplican “topes” para la retribución de pensiones, en esta entidad desde 1959 – puntualizó el funcionario- se asume lo cotizado durante la vida laboral por una media de vida de 25 años después de la jubilación, una exigencia que calificó como desactualizada entre las pocas similares que quedan en el país. Es decir, que desde los 46 a 50 años, el patronato arrastra con obligaciones infladas y excesivas, que a diferencia de lo que se cree -aseguró-, sí se cumplen.
Finalmente, la conclusión de Torres Sánchez y el Director de pensiones es que, es urgente una reformulación de las cláusulas en materia de jubilaciones; entre ellas para determinar los límites de las cotizaciones y establecer un mínimo de años para la jubilación, que pondrán orden y garantía en que la vida de las pensiones continúe por muchos años más.
