La disputa entre el gobierno federal y California escaló este jueves luego de que el Departamento de Transporte anunciara la revocación de unas 17 mil licencias comerciales otorgadas a conductores inmigrantes. La medida afecta a personas que, si bien contaban con permisos de trabajo expedidos por autoridades federales, no poseen residencia permanente en Estados Unidos. El anuncio reavivó tensiones sobre quién tiene la última palabra en la regulación del transporte y la certificación de trabajadores esenciales.

Sean P. Duffy, secretario de Transporte del gobierno de Donald Trump, aprovechó la decisión para acusar al gobernador Gavin Newsom de permitir que “indocumentados” operaran camiones y autobuses escolares. Sus declaraciones agregaron combustible a un debate ya polarizado, en especial tras accidentes recientes donde participaron conductores con permisos temporales. El caso más citado fue el de Harjinder Singh, un chofer originario de India implicado en un choque fatal en Florida en agosto pasado.

California respondió de inmediato y defendió la legalidad de todas las licencias otorgadas, insistiendo en que ningún conductor obtuvo una CDL sin autorización de trabajo válida. Las autoridades estatales señalaron que la narrativa federal simplifica un sistema complejo que depende justamente de permisos emitidos por el propio gobierno estadounidense. Aun así, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes exigió una auditoría completa para comprobar que todas las licencias consideradas “irregulares” sean retiradas.

El conflicto llega en un contexto de creciente presión política. No solo se trata del retiro de miles de licencias, sino también de los 40 millones de dólares retenidos a California en octubre, luego de que una investigación federal concluyera que el estado no cumplió con los estándares de dominio del inglés impuestos para los conductores comerciales. Entre acusaciones cruzadas y medidas punitivas, la discusión exhibe un trasfondo claro: la vulnerabilidad en la que quedan los trabajadores migrantes cuando la política migratoria y el transporte se entrelazan en un escenario altamente ideologizado.