Un grupo de militares retirados acudió al Congreso del Estado de San Luis Potosí para visibilizar las condiciones adversas en las que, aseguran, viven miles de exintegrantes del Ejército Mexicano. Tras décadas de servicio activo, señalaron que hoy enfrentan pensiones sin incrementos, atención médica deficiente y recortes significativos para las familias cuando un elemento fallece, situación que consideran injusta y contraria al reconocimiento que debería otorgarse a quienes dedicaron su vida a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con los testimonios presentados, este año no se aplicó el ajuste salarial anual que históricamente se otorga tanto a personal activo como a militares en retiro. Los afectados atribuyen esta omisión a los criterios federales que clasificaron a los retirados dentro de un esquema de mandos medios, excluyéndolos de cualquier actualización salarial. Según sus cálculos, esta situación impacta a más de 100 mil exmilitares a nivel nacional, muchos de ellos con ingresos que consideran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Los retirados también denunciaron un deterioro progresivo en la calidad de la atención médica que reciben en hospitales militares. Entre los casos expuestos destaca el de un militar que, según señalan, fue víctima de presunta negligencia médica en el Hospital Militar Regional, proceso que ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales. A ello se suma la falta de medicamentos y la ausencia de respuesta institucional ante sus reclamos.
Otro tema que calificaron como alarmante es el recorte que enfrentan las familias cuando un militar fallece, pues las pensiones pueden reducirse hasta en un 60 por ciento para viudas e hijos. Aseguran que esta medida vulnera a los hogares que dependen de estos ingresos y contradice la narrativa oficial de respaldo hacia los elementos castrenses.
Los denunciantes explicaron que han buscado apoyo de legisladores locales y federales, pero aseguran que sus solicitudes han sido ignoradas. Por ello, solicitaron que el Congreso local impulse exhortos formales dirigidos a la Sedena, la Secretaría de Hacienda y la Presidencia, con el fin de revisar los criterios de seguridad social para el personal retirado.
Finalmente, anunciaron que participarán en una movilización nacional el próximo 30 de noviembre en la Ciudad de México, donde marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional para exigir que sus demandas sean escuchadas y que se reconozca plenamente su trayectoria de servicio al país.
