La justicia de Bangladesh dictó pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, hallada culpable de crímenes de lesa humanidad por haber ordenado la represión de los disturbios ocurridos en 2024, durante los cuales murieron al menos 1,400 personas, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El juez Golam Mortuza Mozumder, del tribunal de Daca, sostuvo que “todos los elementos constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos”, al anunciar el fallo que impone la máxima pena a la exmandataria, de 78 años, quien fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero hacia India en el verano de 2024.
La sentencia también alcanzó al exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, igualmente condenado a muerte. Posterior al veredicto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh solicitó formalmente a India la extradición inmediata de ambos, petición que el gobierno indio reconoció haber “tomado nota”, sin emitir comentarios adicionales.
Hasina, quien gobernó Bangladesh durante 15 años consecutivos, rechazó los cargos y calificó el proceso como “políticamente motivado”. En un comunicado, denunció que el tribunal que la condenó “fue establecido por un gobierno no elegido y sin legitimidad democrática”.
La ONU reaccionó al fallo señalando que se trata de un “momento importante para las víctimas”, aunque expresó su rechazo a la pena de muerte, postura que mantiene en todos los casos. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lamentó que la sentencia recurra a una sanción extrema “incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional”.
El premio Nobel de la Paz y actual jefe del gobierno interino, Muhammad Yunus, calificó la decisión como “un veredicto histórico” y subrayó que representa “el inicio de una nueva etapa de justicia en Bangladesh”.
La condena ha generado fuertes medidas de seguridad en la capital, donde la policía mantiene un amplio despliegue alrededor del tribunal y los principales puntos de Daca, ante la posibilidad de disturbios y manifestaciones.
