Por Redacción Contra Réplica

Gobernador reafirma respeto a la autonomía de la UASLP, pero subraya obligación de fiscalizar recursos públicos

El Ayuntamiento anticipa un aumento en el número de comerciantes y espacios disponibles para ofrecer opciones accesibles a las familias durante la temporada navideña.

En un encuentro con medios de comunicación, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, abordó nuevamente el tema de la fiscalización a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), destacando que, si bien su administración respeta completamente la autonomía de la institución, el uso de los recursos públicos está sujeto a revisión obligatoria.

Gallardo precisó que el Gobierno del Estado no interviene en las decisiones internas ni en la forma en que la universidad organiza su presupuesto o ejecuta sus gastos. Enfatizó que la UASLP tiene plena libertad para definir sus prioridades académicas, operativas y administrativas, como lo ha hecho históricamente. “Yo no manejo la universidad, yo respeto cómo gasta y cómo decide su propio rumbo”, afirmó.

No obstante, el mandatario subrayó que, con las disposiciones vigentes, la diferencia es que la máxima casa de estudios ahora es auditable, lo cual implica que debe transparentar su uso de los recursos provenientes del erario. Explicó que esta medida no busca confrontar a la institución, sino fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que el presupuesto público sea utilizado conforme a la normativa.

Gallardo recordó que todas las dependencias, organismos y entidades que reciben financiamiento estatal o federal están sujetas al mismo proceso de fiscalización. En ese sentido, afirmó que la revisión no representa una excepción, sino una obligación que se aplica por igual. “La universidad tiene libertad para gastar, pero el recurso público, como en cualquier institución, debe auditarse”, reiteró.

El gobernador aseguró que su administración mantendrá un diálogo institucional con la UASLP para garantizar que el proceso se lleve a cabo con transparencia, respeto y sin afectar la operación académica. Finalmente, reiteró que la fiscalización no implica una vulneración a la autonomía universitaria, sino una práctica habitual en el manejo de recursos públicos.