La condena de 30 años impuesta a la médica general Marggie Orozco, de 65 años, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el trato a la disidencia en Venezuela. Su caso, originado por un simple audio de WhatsApp, revela cómo la cotidianidad ,la queja por un servicio básico o un comentario político, puede convertirse en una falta castigada con la máxima pena. Para organizaciones de derechos humanos, el fallo ilustra el nivel de vigilancia y control que se ha instalado tras la reelección de Nicolás Maduro.

Orozco, recluida en el penal de Táchira, fue acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. Su detención ocurrió en agosto del año pasado, en medio de la tensión postelectoral que siguió a la cuestionada continuidad de Maduro en el poder. Dirigentes comunitarios vinculados al chavismo la denunciaron tras escuchar el audio donde, además de criticar al gobierno, invitaba a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024 y se quejaba de la distribución de bombonas de gas doméstico.

La médica, según Justicia, Encuentro y Perdón, enfrenta un delicado estado de salud: sufrió dos infartos en los últimos dos años  y arrastra una depresión crónica marcada por la pérdida de dos hijos. Para las ONG, más que una ofensora, Orozco es el retrato de una ciudadanía vulnerable, inmersa entre el descontento social y las represalias institucionales.

El clima político que rodea su caso tampoco es menor. Tras las protestas por la reelección de Maduro , el gobierno llamó a sus simpatizantes a denunciar a los “fascistas” mediante una aplicación estatal que otorga beneficios. Bajo este ambiente, el Foro Penal contabiliza actualmente 882 presos políticos en el país, en una cifra que para muchos refleja la creciente penalización de la crítica en la vida diaria venezolana.