Un total de 19 ayuntamientos de San Luis Potosí cumplieron en tiempo y forma con la entrega de sus Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción 2026 ante el Congreso del Estado, cumpliendo con lo establecido por la ley y fortaleciendo la planeación catastral y tributaria de cada municipio.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, informó que los municipios que integran su comisión y que cumplieron con la disposición legal son: Cerritos, Ciudad del Maíz, Charcas, Villa Hidalgo, Villa Juárez, San Luis Potosí, Villa de Zaragoza, Villa de la Paz, Santo Domingo, Mexquitic, Xilitla y Tamuín.
Por su parte, el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, señaló que los municipios que presentaron su documentación en tiempo son: Cárdenas, San Ciro de Acosta, Vanegas, Villa de Arista, Tierra Nueva, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Ambos legisladores coincidieron en que las tablas de valores son un instrumento esencial para dar certeza jurídica a los ayuntamientos en el cobro del impuesto predial, ya que establecen con precisión las zonas y sectores del territorio municipal, además de servir como base para una recaudación justa y transparente.
Sánchez de Lira destacó que muchos municipios han comenzado a regularizar su cartografía catastral, con el apoyo y asesoría técnica del Instituto Registral y Catastral del Estado, lo que permitirá una mejor planeación territorial. Añadió que en años anteriores no existía una cultura de actualización, pero ahora se avanza hacia una mayor formalidad y orden administrativo.
Los legisladores informaron que esta misma semana las comisiones iniciarán la revisión detallada de las propuestas, evaluando sus alcances y asegurando que las actualizaciones sean razonables y equitativas para la ciudadanía.
Finalmente, hicieron un llamado a los 59 ayuntamientos a presentar a más tardar el 25 de noviembre sus Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, con el fin de garantizar un proceso legislativo ordenado y una distribución de recursos adecuada.
