La justicia argentina cerró este martes un capítulo incómodo en el caso Maradona al destituir a la jueza Julieta Makintach, señalada por abuso de autoridad. Su salida marca un intento institucional por recuperar la credibilidad perdida en un proceso ya de por sí rodeado de polémica y expectativas públicas.

La investigación reveló que Makintach participó en la grabación de un documental clandestino sobre el caso, aun siendo parte del tribunal encargado de determinar las responsabilidades médicas por la muerte del ídolo en 2020. Su presencia en la producción rompió la reserva judicial que exige un expediente de esta magnitud y encendió alertas sobre posibles influencias externas.

Las consecuencias fueron inmediatas: en mayo pasado, el juicio fue anulado al considerarse que la imparcialidad estaba comprometida. El revés judicial no solo frenó el avance del expediente, sino que abrió un debate sobre los límites éticos de los funcionarios en procesos de alto impacto social.

Para evitar que la muerte de Maradona quede atrapada en la sombra de los errores procesales, las autoridades argentinas fijaron un nuevo inicio del juicio para marzo de 2026. La expectativa es que esta vez el proceso avance sin interferencias y permita esclarecer, de manera definitiva, qué falló alrededor del astro en sus últimos días.