El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Salud del Estado, que garantiza la entrega gratuita de insumos de salud menstrual a mujeres y personas menstruantes recluidas en centros penitenciarios de la entidad. La modificación, propuesta por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, busca incorporar a este sector en los programas de apoyo que ya priorizan a poblaciones en situación de marginación o pobreza.

El legislador destacó que la higiene menstrual es un derecho humano vinculado con la igualdad de género, la dignidad y el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y educación. Señaló que, en el contexto penitenciario, este derecho enfrenta mayores obstáculos debido a la falta de recursos, desconocimiento y la limitada disponibilidad de productos de gestión menstrual.

“Garantizar el acceso a estos insumos no es un privilegio, es una obligación del Estado. Se trata de reconocer la humanidad y los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su condición”, enfatizó Gama Basarte.

La reforma, aprobada en sesión ordinaria, modifica la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado, instruyendo a la Secretaría de Salud y al Sistema Estatal DIF a incluir a la población penitenciaria en los programas de entrega gratuita de productos como toallas sanitarias, copas menstruales y tampones.

Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad revelan que solo el 29.8% de las mujeres recluidas en México han recibido toallas sanitarias como parte de los servicios de salud, lo que evidencia una deuda en materia de equidad y atención básica.

Con esta reforma, San Luis Potosí se suma a los estados que buscan una política pública más incluyente, reconociendo que la salud menstrual es parte integral del bienestar físico y emocional. Además, refuerza la visión de un sistema penitenciario con enfoque de derechos humanos, donde la atención médica y la dignidad sean garantizadas para todas las personas.