En uno de los movimientos más comentados del año político estadounidense, el presidente Donald Trump firmó la ley que obliga a su propio gobierno a divulgar los archivos no clasificados del caso Jeffrey Epstein. La decisión marca un viraje en su postura, pues inicialmente había intentado frenar la iniciativa; sin embargo, ante el amplio respaldo legislativo—427 votos a favor en la Cámara Baja y aprobación unánime en el Senado—el mandatario terminó avalando la apertura de información sobre uno de los episodios más polémicos de la última década.
La normativa pone al Departamento de Justicia contra reloj: dispone de un mes para publicar en línea documentos, transcripciones, listas de vuelo y comunicaciones relacionadas con el financista neoyorquino, cuyo suicidio en prisión en 2019 desató un torrente de teorías de conspiración y sospechas sobre redes de poder. Aunque la ley solo permite reservar datos por motivos estrictos de privacidad o seguridad, analistas advierten que la autoridad podría alegar investigaciones “en curso” para retrasar o limitar la difusión.
En medio del giro legal, Trump ha intentado distanciarse nuevamente de su antigua relación con Epstein. Desde las redes sociales insiste en que lo expulsó de Mar-a-Lago “por pervertido” y que no guarda vínculo alguno con él, pese a que ambos compartieron círculos sociales en Nueva York durante los años noventa. Incluso ordenó abrir nuevas pesquisas sobre figuras demócratas vinculadas al caso, aunque el propio Departamento de Justicia y el FBI señalaron en julio que no existen pruebas para procesar a más personas.
Para la oposición, el desafío ahora no es la ley, sino su cumplimiento. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió que la Casa Blanca “ejecute fielmente” la norma, mientras legisladores como Thomas Massie temen que las nuevas investigaciones funcionen como cortina de humo para postergar la publicación de los archivos, que también incluyen información sobre Ghislaine Maxwell y los implicados en los procesos judiciales que rodean al caso.
