La discusión sobre el futuro jurídico de Javier Duarte volvió a tensar los pasillos federales. Después de casi doce horas de debate, testimonios y alegatos encontrados, la jueza Ángela Zamorano Herrera decidió reservarse el anuncio sobre la solicitud de libertad anticipada del exgobernador veracruzano, una figura que sigue marcando la memoria política del país.

El aplazamiento llega luego de que la Fiscalía General de la República desplegara a sus testigos para sostener que Duarte no debe acceder al beneficio, argumentando riesgos e insuficiencia de garantías. En la contraparte, la defensa insistió en que el exmandatario ya cumple los requisitos establecidos en la ley y que la etapa procesal amerita una revisión más flexible de su situación penitenciaria.

La jueza fijó el próximo viernes como fecha definitiva para comunicar su resolución, un día que podría redefinir la ruta legal del exgobernador, sentenciado por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que simbolizan uno de los capítulos más controvertidos en la historia reciente de Veracruz.

Mientras tanto, el debate sobre si Duarte debe o no abandonar la prisión se reaviva entre especialistas y ciudadanos, quienes observan con atención un proceso que, más allá del caso individual, pone a prueba la consistencia del sistema de justicia frente a figuras de alto perfil político.