El Senado aprobó una nueva versión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una norma que busca frenar uno de los crímenes que más presiona a ciudadanos y comercios en todo el país. Con 110 votos a favor en lo general y 95 en lo particular, la reforma avanzó con una serie de cambios que endurecen castigos y obligan a fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos.

La iniciativa eleva de manera significativa las sanciones: la pena mínima pasa de 6 a 15 años y la máxima podría llegar a 25. También se fijan responsabilidades más estrictas para servidores públicos que conozcan de extorsiones y no las denuncien, quienes enfrentarían entre 10 y 20 años de prisión. Además, la ley busca cerrar la puerta a operaciones desde cárceles, imponiendo de 6 a 12 años de cárcel a quienes ingresen celulares, radios o dispositivos de geolocalización a centros penitenciarios sin autorización.

Otro eje central es la creación de unidades especializadas en fiscalías federales y estatales, con policías, analistas y ministerios públicos certificados. La reforma también ordena que los bienes decomisados por extorsión se orienten a la reparación del daño de las víctimas e integra un enfoque de género para atender los casos con mayor sensibilidad y protección.

Aun así, el debate dejó en claro que el reto trasciende al papel. Legisladoras como Mayuli Martínez y Guadalupe Murguía advirtieron que sin presupuesto, personal capacitado y un combate frontal a la impunidad, la nueva ley podría quedarse en un gesto simbólico. El dictamen regresará ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará un proceso legislativo que podría definir si esta reforma se convierte en un punto de inflexión o en otra promesa pendiente.