El expediente administrativo derivado del caso “Rich” —el accidente ocurrido en un bar que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes— continúa avanzando en el ámbito gubernamental. El contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó que tres servidores públicos fueron sancionados con inhabilitación por presuntas omisiones relacionadas con el funcionamiento del establecimiento. Las áreas involucradas corresponden a Protección Civil, Gobernación y la COEPRIS.

Si bien la Contraloría Estatal concluyó su investigación en diciembre de 2024, la resolución aún no ha sido difundida públicamente, ya que los funcionarios deben recibir primero la notificación formal. Aguiñaga Muñiz explicó que el expediente fue turnado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia que deberá confirmar o modificar las sanciones propuestas y establecer las responsabilidades definitivas.

El contralor precisó que, en esta etapa, no se aplicaron multas, únicamente la propuesta de inhabilitación, cuyo tiempo variará de acuerdo con la gravedad de cada falta. Será el TEJA quien determine la sanción final y cierre la vía administrativa, mientras que el caso continúa abierto en el ámbito judicial por las consecuencias penales del incidente.