La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí emitió la Recomendación 007/2025 dirigida al Ayuntamiento de Tancanhuitz, tras confirmar violaciones a los derechos humanos de una servidora pública indígena, quien fue víctima de discriminación, acoso laboral y violencia institucional durante su desempeño como titular de un área municipal.
El organismo detalló que, tras una investigación exhaustiva, se acreditó que la funcionaria fue objeto de comentarios ofensivos y conductas discriminatorias por parte de un compañero con rango directivo. Asimismo, el presidente municipal y el Cabildo incurrieron en omisiones graves, al no aplicar medidas de protección ni garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
El expediente reveló que la víctima fue removida injustificadamente de su cargo, sin respetar su derecho de audiencia y como aparente represalia por haber interpuesto una denuncia penal. Un dictamen psicológico confirmó que las agresiones y la exclusión sistemática le generaron daños emocionales significativos y afectaron su estabilidad personal y profesional.
Ante los hechos, la CEDH determinó que se vulneraron sus derechos a la igualdad, no discriminación, integridad psicoemocional, vida libre de violencia y acceso a la justicia. En consecuencia, el organismo formuló diversas recomendaciones al Ayuntamiento, entre las que destacan:
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Incorporar a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas, brindarle atención psicológica especializada y ofrecerle una disculpa pública por los agravios sufridos.
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Iniciar procedimientos administrativos contra el funcionario agresor y dar vista al Congreso del Estado para que investigue la responsabilidad del ex presidente municipal y de los integrantes del Cabildo involucrados.
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Diseñar e implementar un Protocolo Municipal para prevenir y sancionar la violencia laboral y la discriminación, además de capacitar al personal en igualdad de género y derechos humanos, y establecer mecanismos confidenciales de denuncia interna.
La CEDH reiteró su compromiso de velar por la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de garantizar condiciones laborales justas e incluyentes en todos los niveles del servicio público.
