La Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se establecen las tablas de valores unitarios de suelo urbano, rústico y de construcción para el ejercicio fiscal 2026 de 17 municipios que no presentaron sus propuestas de actualización en tiempo y forma.

Los municipios que mantendrán los mismos valores aplicados en 2025 son: Ahualulco del Sonido 13, Armadillo de los Infante, Cedral, Cerro de San Pedro, Coxcatlán, Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, El Naranjo, Salinas, Soledad de Graciano Sánchez, Venado, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de Pozos, Villa de Ramos y Villa de Reyes.

La presidenta de la comisión, diputada Dulcelina Sánchez de Lira, explicó que la medida se tomó debido a que estos ayuntamientos no cumplieron con los plazos y requisitos establecidos para presentar las tablas de actualización. En el caso de Villa de Pozos, al ser un municipio de reciente creación, se aplicarán los valores del ejercicio fiscal 2025 correspondientes a la demarcación que anteriormente formaba parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Sánchez de Lira también informó que 12 municipios sí presentaron propuestas de actualización, las cuales serán revisadas por el Instituto Registral y Catastral del Estado, que realizará el análisis técnico correspondiente antes de someterlas a votación definitiva.

Los municipios que cumplieron con la entrega son: Cerritos, Ciudad del Maíz, Charcas, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Santo Domingo, Tamuín, Villa de la Paz, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Zaragoza y Xilitla.

“Nos declaramos en sesión permanente para continuar con el análisis de las propuestas presentadas y garantizar que no existan incrementos desproporcionados en los valores catastrales. Algunas incluyen nuevas sectorizaciones y cartografía actualizada, lo que brinda mayor certeza jurídica a la ciudadanía sobre su patrimonio”, señaló la legisladora.

Con esta resolución, el Congreso del Estado busca dar continuidad a los procesos fiscales municipales y asegurar que los ajustes futuros se realicen con criterios técnicos, equitativos y transparentes, en beneficio de las finanzas locales y la estabilidad patrimonial de las y los potosinos.