La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del presidente interino, José Jerí, quien aseguró que su gobierno no descarta ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez. La ex primera ministra, procesada por su rol en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, permanece en esa sede diplomática desde hace casi tres semanas, amparada en el asilo que le otorgó el Gobierno mexicano.

Para Jerí, la situación ha ido más allá de un trámite diplomático. El mandatario considera que el asilo otorgado a Chávez constituye un uso indebido de esta figura, lo que obliga a Perú a expresar su incomodidad como Estado. Aunque evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el salvoconducto solicitado por México, insistió en que evaluará la decisión con cautela, atendiendo compromisos internacionales que, dijo, su administración cumplirá “en su momento”.

La presión aumentó el viernes, cuando la Justicia peruana ordenó prisión preventiva por cinco meses contra Chávez y activó una alerta internacional de captura. El juez señaló un “peligro palpable de fuga” debido a la ausencia de la ex funcionaria en registros biométricos y audiencias judiciales. Esa resolución colocó al Ejecutivo ante un dilema jurídico y diplomático, que Jerí reconoció aún está siendo evaluado por su Gabinete.

Sin embargo, el presidente interino dejó claro que no teme las repercusiones internacionales si decide avanzar hacia la embajada. “Cuando uno sabe que hace lo correcto, no hay miedo”, afirmó, al subrayar que cualquier medida estará sujeta a límites legales y tratados vigentes. Mientras tanto, el caso mantiene en tensión la relación entre Lima y Ciudad de México, y abre interrogantes sobre el alcance real de las decisiones que el gobierno peruano está dispuesto a tomar.