En medio de una oleada de acero que cruza fronteras con orígenes cada vez más difusos, México prepara un ajuste regulatorio que promete cambiar la forma en que entra al país uno de los insumos industriales más estratégicos. La Secretaría de Economía impulsa un paquete de medidas que endurece los filtros para la importación de productos siderúrgicos, apostando por mayor control en la cadena y por cerrar las grietas que permiten la triangulación desde Asia.

El proyecto, ingresado a la Conamer, replantea la operación de los Avisos Automáticos de Importación y eleva las exigencias del Registro de Importadores. Uno de los puntos más sensibles es la obligatoriedad de presentar certificados físicos  que acrediten el “fundido y colado” real del acero, eliminando de tajo reportes digitales que, en años recientes, facilitaron que algunos operadores declararan orígenes distintos para evitar medidas arancelarias ligadas a la Sección 232 de Estados Unidos.

Además de la verificación documental, la propuesta endurece el régimen de sanciones. Importadores y representantes que presenten información falsa podrían quedar fuera del sistema hasta por cinco años, lo que implica no sólo un costo administrativo, sino el riesgo de quedar marginados de una industria que opera bajo tiempos y volúmenes cada vez más presionados.

El sector siderúrgico nacional, encabezado por la Canacero, ve con buenos ojos el viraje, pues considera que alinea a México con los mecanismos regionales de monitoreo frente a una sobrecapacidad global que podría rondar los 721 millones de toneladas para 2027. No obstante, especialistas alertan que los controles podrían derivar en barreras técnicas y discrecionalidad si el catálogo de molinos se convierte en un filtro rígido. La discusión apenas comienza, pero el mensaje es claro: el acero que entra al país deberá demostrar, con tinta y sello, de dónde viene realmente.