La extorsión, uno de los delitos que más golpea a ciudadanos y negocios, tendrá un tratamiento más severo en México. La Cámara de Diputados aprobó los ajustes del Senado a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que la reforma quedó lista para su promulgación. La propuesta busca fijar reglas claras y homogéneas en un país donde cada entidad castiga este crimen con criterios distintos.

El nuevo marco legal eleva notablemente las penas para quienes incurran en esta práctica. Para el tipo penal básico, la sanción mínima sube a 15 años de prisión y la máxima a 25, un incremento respecto de lo que originalmente se había planteado en San Lázaro. Además, los castigos se endurecen cuando la extorsión involucra violencia, participación de organizaciones criminales o modalidades como montachoques y montadeudas, con sanciones que pueden llegar a 42 años.

La norma también fija nuevas obligaciones para quienes laboran en instituciones de seguridad y centros penitenciarios. Si un funcionario conoce un caso de extorsión y no lo denuncia, enfrentará entre 10 y 20 años de cárcel. Esta medida revierte la reducción de penas que la propia Cámara había considerado semanas antes y responde a la creciente preocupación por la operación de redes delictivas desde cárceles y corporaciones.

Durante el debate, legisladores de distintas bancadas señalaron que estandarizar las sanciones evitará vacíos legales que permiten a los responsables buscar beneficios en otros estados. Aunque la mayoría celebró que el proceso bicameral fortaleciera la ley, también coincidieron en que el endurecimiento de penas debe acompañarse de mejores investigaciones, prevención y apoyo a las víctimas para frenar un delito que se ha vuelto cotidiano en amplias zonas del país.