Con la intención de robustecer la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, un Grupo Ciudadano de Trabajo en San Luis Potosí dio a conocer los resultados de su monitoreo a la política estatal de protección. El ejercicio, coordinado por Educación y Ciudadanía, A.C. y financiado por la Embajada de Suiza, buscó identificar brechas y generar recomendaciones enfocadas en la prevención de agresiones.

El grupo estuvo integrado por 33 participantes de 19 organizaciones, entre ellas Colectiva DignidadEs todas las justicias, CIMAC, Espacio OSC y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como representantes de comunidades indígenas y medios locales. Su trabajo se centró en analizar protocolos, canales de atención y mecanismos de transparencia, con el objetivo de que la política estatal cumpla estándares de derechos humanos y ofrezca seguridad efectiva a quienes arriesgan su labor diariamente.

Entre las recomendaciones destacan la creación de un micrositio oficial para difundir información clara sobre riesgos y protocolos, la definición de líneas de atención y espacios físicos accesibles para orientación, así como la difusión pública de informes estadísticos de seguimiento. El informe resultante, titulado Enraizando redes de prevención, será presentado a autoridades estatales y al Congreso, en un esfuerzo por institucionalizar mejoras y comprometer a las instituciones responsables.

La presentación de los hallazgos se enmarcó en la jornada Enraizar la protección, florecer la prevención, un espacio donde funcionariado, periodistas y defensoras compartieron experiencias, revisaron diagnósticos de la última década y participaron en talleres sobre análisis de riesgo y diseño de planes de protección. El evento buscó consolidar un diálogo ciudadano-gubernamental que transforme la política de protección en un instrumento tangible para quienes defienden derechos en San Luis Potosí.