El sistema judicial de Perú dio un giro contundente este miércoles al sentenciar al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. El tribunal determinó que, durante su gestión como gobernador de Moquegua, participó en un esquema de sobornos ligado a la adjudicación de obras públicas, lo que derivó en prisión efectiva e inhabilitación para ocupar cargos públicos por casi una década.

La investigación probó que Vizcarra recibió más de 2.3 millones de soles en pagos ilegales provenientes de empresas constructoras interesadas en obtener contratos para proyectos emblemáticos en la región, entre ellos la irrigación Lomas de Ilo y la modernización del Hospital de Moquegua. Los jueces concluyeron que el entonces funcionario aprovechó su posición para otorgar beneficios a cambio de dinero.

El fallo profundiza la crisis de credibilidad hacia la clase política peruana, pues Vizcarra, quien gobernó el país entre 2018 y 2020, había sido visto por amplios sectores como un impulsor de reformas anticorrupción. Ahora, su caso se suma a un historial de expresidentes investigados o condenados por delitos similares, un patrón que refleja tensiones estructurales dentro de la vida pública del país.

Aunque se ordenó la ejecución inmediata de la sentencia, el exmandatario anunció que apelará y calificó el dictamen como una retaliación política. Mientras tanto, especialistas señalan que el proceso abre una discusión más amplia sobre la debilidad institucional, la falta de controles en la adjudicación de obras y la urgencia de mecanismos más sólidos para frenar la corrupción en los gobiernos regionales.