Con el objetivo de garantizar un sistema más humano y eficaz, la Defensoría Pública del Estado y el Poder Judicial de San Luis Potosí reforzaron las acciones orientadas a mejorar la justicia penal para adolescentes, mediante estrategias que privilegian la rehabilitación, la reinserción social y la atención integral de las y los jóvenes en conflicto con la ley.

Las instituciones acordaron consolidar un modelo de justicia restaurativa, que promueva la responsabilidad, el aprendizaje y la reparación del daño, más allá del castigo. Este enfoque busca fortalecer las oportunidades de reintegración social de los adolescentes, garantizando su desarrollo personal y educativo, en congruencia con la política humanista impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que coloca a la persona en el centro del proceso judicial.

Durante la reunión interinstitucional participaron representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), el Centro de Internamiento Juvenil, y otras áreas especializadas que trabajan en la atención, defensa y acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley. La coordinación entre estas dependencias permitirá mejorar los mecanismos de seguimiento, capacitación y apoyo a las familias, fomentando procesos más empáticos y eficientes.

Autoridades de la Defensoría Pública destacaron que uno de los principales retos es fortalecer la capacitación de operadores del sistema penal juvenil, con enfoque en derechos humanos y perspectiva psicosocial, de modo que las resoluciones judiciales se traduzcan en verdaderas oportunidades de cambio. Además, se impulsarán nuevas estrategias para agilizar los procedimientos y garantizar un acceso equitativo a la justicia.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Estatal por consolidar una justicia juvenil moderna y restaurativa, centrada en la prevención, la inclusión y el bienestar social, donde la reinserción sea una realidad y no solo una meta.