La comparecencia anual de la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, dejó un balance marcado por cifras que buscan reflejar un avance en la procuración de justicia en San Luis Potosí. Ante diputadas y diputados, la fiscal destacó que todos los feminicidios registrados en el periodo fueron judicializados, un logro que atribuyó al trabajo especializado con perspectiva de género y a la intensificación de audiencias, que superaron las 300 y derivaron en un incremento significativo de sentencias condenatorias.

En su exposición, García Cázares enfatizó que la institución colocó en el centro la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Durante el periodo informado, más de dos mil 300 víctimas de violencia familiar recibieron atención, mientras que 746 carpetas relacionadas con delitos contra mujeres fueron judicializadas, lo que representa un crecimiento notable frente al año anterior. También se decretaron más de cinco mil medidas de protección, desde restricciones de acercamiento hasta separaciones de domicilio, acciones que reflejan una política de cero tolerancia a la violencia.

El informe también abordó avances en áreas sensibles como la búsqueda de personas. La Fiscalía firmó convenios de colaboración con la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda y organismos internacionales, lo que permitió aplicar peritajes avanzados e incluso enviar restos a Alemania para análisis genético, con diez coincidencias confirmadas hasta ahora. En paralelo, la Alerta Amber alcanzó una efectividad del 93%, ubicando a casi 400 menores reportados.

Finalmente, la fiscal aseguró que los delitos de alto impacto registran una tendencia a la baja, con una reducción de más del 40% en homicidio doloso y una disminución del 37% en robo de vehículo. Estos resultados, dijo, se fortalecen con cateos realizados en varios municipios y con la incorporación de nuevo personal ministerial, policial y pericial, así como con la acreditación de laboratorios científicos. Tras responder los cuestionamientos del Congreso, García Cázares reiteró que la institución avanza hacia un modelo de justicia más moderno, accesible y humano.