El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una serie de reformas orientadas a reforzar la protección de la comunidad educativa y garantizar la atención adecuada a las denuncias contra personal docente. Las modificaciones incluyen ajustes a la Ley de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, además de la tipificación del delito de pederastia en el Código Penal del Estado.

De acuerdo con lo aprobado, las autoridades educativas estatales y municipales deberán implementar protocolos de actuación que aseguren procedimientos imparciales al investigar denuncias contra docentes por presuntos actos de violencia, acoso u hostigamiento. Estas medidas deberán equilibrar la presunción de inocencia del personal acusado con la protección efectiva de los derechos de las víctimas, evitando que los procesos administrativos obstaculicen las investigaciones o la reparación del daño.

La Secretaría de Educación del Estado será responsable de coordinar y supervisar los protocolos junto con su órgano interno de control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. En caso de que las investigaciones no comprueben responsabilidad del docente, se restablecerán sus derechos laborales conforme a la ley.

Paralelamente, el pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal, creando el Capítulo IV Bis “Pederastia”, con penas que van de nueve a dieciocho años de prisión y multas de hasta dos mil 250 Unidades de Medida y Actualización. Este delito sancionará a quien, aprovechándose de una relación de confianza, autoridad o superioridad —como parentesco, tutela, relación docente, médica, religiosa o laboral—, cometa actos sexuales contra menores de 18 años o personas incapaces de resistir o comprender el hecho. Si se usa violencia física, la pena aumentará en una mitad.

El autor de este delito, además, perderá derechos como la patria potestad o la tutela, y en caso de ser servidor público, será inhabilitado por un periodo igual al de la condena. Con estas reformas, el Congreso busca fortalecer la protección de la niñez y garantizar entornos educativos más seguros en San Luis Potosí.