Por Redacción Contra Réplica

Congreso del Estado aprueba reformas al Código Penal para ampliar excluyentes de responsabilidad en casos de aborto

Las modificaciones garantizan derechos reproductivos y acceso a la salud para mujeres y personas gestantes en situaciones de riesgo, pobreza o violación.

Durante sesión ordinaria celebrada en el salón de Pleno “Ponciano Arriaga”, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 150 del Código Penal de San Luis Potosí, con el propósito de incorporar nuevas excluyentes de responsabilidad penal en casos de aborto. La medida busca fortalecer el marco legal en materia de derechos humanos, salud y libertad reproductiva.

De acuerdo con el decreto aprobado, no se considerará delito de aborto cuando este sea resultado de una conducta culposa de la mujer o persona gestante, o si el embarazo proviene de un delito de violación, estupro, inseminación artificial o implantación indebida de un óvulo fecundado, sin que sea requisito la existencia de una denuncia penal previa.

Asimismo, se contempla como excluyente cuando se acredite que una autoridad o institución de salud pública negó o retrasó la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. También se aplica en casos de pobreza extrema, o cuando, a juicio médico, la continuación del embarazo represente un riesgo de muerte o afectación grave a la salud de la persona gestante. Del mismo modo, se incluye la posibilidad de interrupción cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas graves, con el consentimiento expreso de la mujer.

El dictamen subraya que las víctimas de violación, estupro o procedimientos médicos no consentidos deben tener garantizado su derecho a la salud física y psicológica, así como su libertad reproductiva y su derecho a decidir. Estas disposiciones buscan brindar un marco de justicia y acompañamiento integral a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el Congreso destacó que la pobreza es un fenómeno multidimensional que abarca la carencia económica, la falta de acceso a servicios médicos y la ausencia de opciones. En este sentido, facilitar el acceso a la atención médica segura en casos de aborto y a la planificación familiar contribuirá a salvar vidas, reducir abortos inseguros y ofrecer alternativas dignas a mujeres y personas gestantes en contextos adversos.