A través del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia, las organizaciones civiles Apoyare y Shakti, advirtieron que las escuelas de San Luis Potosí carecen de protocolos efectivos para prevenir, detectar y atender la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes (NNA). Según aseguran, esta deficiencia ha permitido que miles de casos permanezcan invisibles por lo que, además anunciaron que presentarán una iniciativa al Congreso del Estado, para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta será entregada este 3 de diciembre a las 10:00 horas.
De acuerdo con su Diagnóstico de Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí, ambas organizaciones revelaron que la violencia contra los más pequeños es sistemática y creciente. Especialmente en los centros escolares durante los últimos cinco años, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta 2025 se registraron 53 quejas por bullying y violencia estudiantil. Aunque el propio documento advierte en subtexto que el número de denuncias no oficiales es aún más considerable.
En su manifestación, las activistas señalaron que la mayoría de los casos no se detectan a tiempo debido a la falta de personal especializado, la ausencia de herramientas uniformes de evaluación y la casi nula coordinación entre la Secretaría de Educación, el DIF, el Sector Salud y las Fiscalías.
En esa medida, impulsarán el documento legislativo para obligar al Estado a transformar de fondo la forma en que responde a dichos escenarios. Sobretodo, que las escuelas cuenten con Unidades Especializadas de Prevención, Detección y Atención capaces de intervenir de manera temprana, brindar orientación psicológica, canalizar de forma adecuada a las instituciones competentes y generar información confiable para diseñar políticas públicas.
Por último, las organizaciones subrayaron que la intención no es crear más burocracia, sino fortalecer las estructuras ya existentes mediante profesionistas en servicio social y protocolos unificados. Con esta propuesta, las organizaciones civiles buscan convertir a las escuelas en espacios seguros, preparados y articulados con las instituciones del Estado.