Por Redacción Contra Réplica

Diputados aprueban nueva Ley General de Aguas que busca garantizar el acceso equitativo

La iniciativa avanza al Senado y plantea nuevas reglas para el uso, concesión y distribución del agua en el país

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General de Aguas, una reforma estructural que pretende asegurar el derecho humano al agua, mejorar su administración y poner fin a prácticas de acaparamiento y uso irregular del recurso. El dictamen fue avalado con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, y ahora será turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación.

De acuerdo con el texto aprobado, la nueva legislación busca establecer un marco legal que regule la explotación, distribución y conservación del agua en México, al tiempo que promueve un manejo sustentable y transparente. Entre sus principales ejes se incluyen la limitación a la transmisión de concesiones, la creación de un registro público de usuarios, la asignación equitativa del recurso y la definición de sanciones para quienes incumplan con la normatividad.

Los legisladores del bloque oficialista destacaron que esta ley permitirá poner fin al “mercado negro” del agua y evitar que grandes usuarios monopolicen las concesiones, al reconocer al líquido como un bien público y no como una mercancía. Señalaron además que la reforma garantizará un suministro justo para las comunidades más vulnerables y fortalecerá la gestión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, diputados de la oposición expresaron su rechazo a la iniciativa, al considerar que podría generar afectaciones al sector agrícola y limitar la autonomía de los productores. Argumentaron que la centralización del control del recurso en el gobierno federal deja margen de discrecionalidad en la redistribución y reasignación del agua, además de que el proceso no incluyó una consulta amplia a comunidades rurales e indígenas.

La aprobación de la Ley General de Aguas representa uno de los cambios más importantes en materia ambiental y de gestión hídrica en las últimas décadas. Su implementación, prevista para 2026, buscará equilibrar la protección del recurso con el desarrollo productivo, bajo el principio de que el agua es un derecho humano y un patrimonio nacional.