El Senado aprobó este jueves la nueva Ley General de Aguas en una sesión marcada por la velocidad del trámite. La mayoría legislativa decidió llevar el dictamen directamente al Pleno y omitir el paso por comisiones. Con 85 votos a favor, la reforma quedó lista para enviarse al Ejecutivo, lo que encendió el debate sobre el impacto real de esta reconfiguración del marco hídrico nacional.

Mientras Morena y sus aliados argumentan que la ley fortalece el derecho humano al agua, ordena las concesiones y moderniza la gestión de cuencas, sectores críticos cuestionan la falta de discusión pública y el riesgo de que la centralización de decisiones afecte a quienes dependen del recurso para trabajar. Productores agrícolas y comunidades rurales advierten que la reforma podría alterar reglas históricas, especialmente en lo relacionado con derechos de uso y disponibilidad.

En el recinto legislativo, voces opositoras reclamaron que un tema tan sensible llegara al Pleno sin análisis técnico previo. Señalaron que el procedimiento exprés deja fuera a actores sociales y especialistas, quienes habían pedido revisar posibles impactos económicos, comunitarios y ecológicos. El oficialismo respondió que el país requiere un esquema más claro y actualizado para frenar el deterioro hídrico y asegurar el acceso equitativo.

Con la aprobación, México entra en una nueva etapa en materia de gestión del agua. Sin embargo, la discusión pública apenas comienza. Entre dudas, resistencias y promesas de modernización, la aplicación de la ley será clave para saber si este cambio legislativo logra equilibrar protección ambiental, seguridad hídrica y justicia para quienes viven del agua.