La Comisión del Agua del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó los criterios que guiarán la revisión de las Leyes de Cuotas y Tarifas de Agua propuestas por los organismos operadores para el ejercicio fiscal 2026. El acuerdo principal establece que los ajustes se homologarán al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), cuyo incremento acumulado de enero a septiembre de 2025 fue de 4.93%, informó la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la comisión.
De acuerdo con la legisladora, casi todos los organismos operadores —con excepción de los de Cárdenas y Tamuín— presentaron modificaciones a sus tarifas. Por ello, se determinó aplicar un ajuste estándar conforme al INPP, garantizando equilibrio entre sostenibilidad financiera y accesibilidad para los usuarios.
En el caso del Interapas, que brinda servicio a San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos, se mantendrá la propuesta de incremento del 3.8% para uso doméstico y 6.6% para sectores industrial, comercial y público, al contar con el respaldo de su Junta de Gobierno.
Durante la sesión, se destacó que algunos organismos calcularon incorrectamente el INPP, lo que derivó en propuestas con aumentos desiguales, entre 15% y 20%, mientras que Villa de Reyes planteó una reducción del 26% debido a un ajuste presupuestal interno. Por tal motivo, se optó por homologar el criterio para 19 organismos operadores, respetando las decisiones de aquellos que no propusieron incremento alguno.
Los informes presentados revelaron que la recaudación promedio de los sistemas de agua apenas alcanza el 37%, mientras que la cartera vencida llega al 77%, situación que genera presiones financieras. En este contexto, las diputadas Gabriela Martínez Vázquez y Diana Ruelas Gaitán insistieron en exigir mayor eficiencia y calidad del servicio, y el diputado Marco Antonio Gama propuso fortalecer mecanismos para incrementar los ingresos.
Finalmente, García Martínez adelantó que la próxima semana se presentarán los dictámenes finales ante el Pleno del Congreso para su análisis y votación, cumpliendo con los plazos legales establecidos.
