Por Redacción Contra Réplica

Reforma a la Ley General de Aguas busca frenar el acaparamiento y garantizar acceso equitativo

En San Luis Potosí se realizarán foros y mesas de trabajo para armonizar la legislación local con las nuevas disposiciones federales.

La reciente aprobación de las reformas a la Ley General de Aguas por parte del Congreso de la Unión representa un avance significativo para asegurar una distribución más justa y sustentable del recurso hídrico, afirmó la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que esta reforma nacional pone fin al acaparamiento de concesiones que por años ha limitado el acceso al agua, especialmente para productores agrícolas. Destacó que el nuevo marco legal establece mecanismos claros para garantizar un uso equitativo y responsable del agua, reconociéndola como un derecho humano fundamental.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, el Congreso local iniciará una serie de foros y mesas de trabajo con expertos, autoridades y ciudadanía, con el objetivo de armonizar la legislación estatal y dar a conocer los beneficios de la reforma. “Es importante que las y los potosinos comprendan el alcance de esta ley, que no sólo regula el uso del agua, sino que promueve su conservación y distribución justa”, expresó García Martínez.

La diputada añadió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será responsable de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas y de aplicar sanciones a quienes incurran en irregularidades en el manejo o concesión del recurso. Subrayó que estas medidas permitirán atender de manera más efectiva las demandas del campo y fortalecer la gestión pública del agua en todo el territorio potosino.

Asimismo, reconoció que la aprobación de la ley no fue un proceso sencillo, pues durante más de una década se habían presentado diversas propuestas sin éxito. “Hoy por fin contamos con una ley que pone al ciudadano y al medio ambiente al centro de la política hídrica”, comentó.

García Martínez concluyó que el reto ahora será construir una normativa estatal sólida y participativa, que permita poner fin al acaparamiento del agua y garantizar su acceso en condiciones de igualdad y sustentabilidad para todas las comunidades.