Por Redacción Contra Réplica

Jornada laboral de 40 horas podría afectar la estabilidad de MiPyMES, advierte Sedesu

El secretario Marco Del Prete alertó que reducir la jornada semanal sin una transición gradual podría elevar hasta en 50% los costos laborales de pequeñas empresas.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete Tercero, señaló que la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales podría representar un reto financiero considerable para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) del país, debido al aumento en los costos de nómina que implicaría la contratación de más personal para mantener su operación.

De acuerdo con el funcionario, aunque las grandes corporaciones podrían absorber el ajuste sin mayores complicaciones, el impacto sería mucho más severo para los pequeños negocios, los cuales podrían enfrentar incrementos de hasta 50 por ciento en su plantilla laboral y en el gasto salarial. “Para una PyME que cuenta con dos trabajadores, cubrir la reducción de horas podría requerir contratar a una tercera persona, lo que se traduce en un fuerte incremento en sus costos operativos”, explicó.

Del Prete reconoció que la reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, equilibrando su tiempo personal y profesional. Sin embargo, advirtió que la medida debe implementarse de manera gradual y con consenso entre empleadores y empleados, para evitar que se convierta en un obstáculo para la competitividad y la estabilidad económica de los pequeños empresarios.

“Estamos de acuerdo en que los trabajadores merecen mejores condiciones, pero también hay que pensar en las PyMES que día a día luchan por sostener sus negocios. Si no se les brinda acompañamiento o incentivos, podrían enfrentar serias dificultades para continuar operando”, añadió el titular de la Sedesu.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades y al sector productivo a mantener un diálogo abierto para diseñar un esquema de transición que garantice los derechos laborales sin poner en riesgo a los empleadores más vulnerables del país, quienes generan una parte significativa del empleo formal en México.