El director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (ADERIAC), Vicente Aguilar Ordaz, señaló que el debate nacional sobre el incremento al salario mínimo debe analizarse con una visión integral, especialmente en un contexto donde también se discute la reducción de la jornada laboral. Aseguró que ambas medidas, aplicadas simultáneamente, podrían generar presiones importantes para los centros de trabajo.
Aguilar Ordaz reconoció que los salarios deben continuar mejorando, pero advirtió que en los últimos años el porcentaje de incremento “ya no surge de consensos”, sino de decisiones unilaterales que los sectores productivos deben acatar. Subrayó que este tipo de imposiciones dificulta la planeación financiera de las empresas.
El representante empresarial consideró indispensable convocar a un diálogo amplio con los distintos sectores, ya que las decisiones en materia laboral tendrán consecuencias significativas para la industria. “Hoy más que nunca se necesita escuchar la voz de los empresarios”, expresó.
Ante la posibilidad de que el aumento para 2025 sea similar al de años recientes —cercano al 20%—, Aguilar Ordaz advirtió que la mayoría de las empresas no se encuentran en condiciones de asumir un nuevo ajuste de esa magnitud. Sin embargo, reconoció que muchas lo harán como un mecanismo para sobrevivir y evitar una contracción mayor.
Recordó que incrementos fuertes al salario mínimo han provocado que numerosas compañías migren a la informalidad para evitar cargas fiscales adicionales. Este fenómeno, afirmó, también incentiva a los trabajadores a preferir empleos sin regulación para esquivar el pago de impuestos, especialmente cuando el aumento salarial no se refleja en una mejora real del poder adquisitivo.
Aguilar Ordaz señaló que, mientras los salarios aumentan, también lo hacen los impuestos y los precios de productos básicos, lo que genera un círculo vicioso que impide reducir la informalidad. “Las empresas buscan proteger su capital y muchos trabajadores no pueden sostener los costos formales. Por eso seguimos sin resolver este problema”, concluyó.
