La justicia federal decidió que César Duarte, exmandatario de Chihuahua, enfrente su proceso penal desde prisión. Tras una audiencia prolongada, un juez ordenó imponerle prisión preventiva justificada al considerar que existen riesgos procesales que impedirían llevar el caso con normalidad si permaneciera en libertad.

La imputación central gira en torno a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas al desvío de fondos públicos durante su administración estatal. De acuerdo con la acusación, el dinero habría sido canalizado a través de un esquema financiero que involucró empresas relacionadas con el exgobernador, lo que abrió una nueva ruta judicial en su contra.

Durante la audiencia, la autoridad judicial valoró elementos como la falta de garantías suficientes de arraigo y el riesgo de una posible obstaculización de la investigación. Con base en ello, se determinó que Duarte deberá permanecer en un centro penitenciario federal de alta seguridad mientras se define su situación jurídica.

Este episodio se suma a la larga cadena de procesos legales que persiguen a uno de los exgobernadores más señalados de la última década. Para el caso chihuahuense, la decisión judicial no solo implica un golpe político, sino que reaviva el debate público sobre la rendición de cuentas y el alcance real de la justicia frente a la corrupción en México.