El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, después de que una jueza federal determinó imponerle prisión preventiva justificada por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero con recursos públicos que ascienden a 73 millones 925 mil 995 pesos. La decisión se tomó al concluir una audiencia que se extendió por más de 14 horas.
Según la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), entre junio de 2011 y noviembre de 2014 la Secretaría de Hacienda estatal transfirió 96.6 millones de pesos a dos compañías donde Duarte figuraba como accionista mayoritario. De este monto, al menos 73.9 millones habrían sido dispersados mediante ocho movimientos financieros orientados —presuntamente— a ocultar su origen ilícito.
Durante la audiencia, la jueza consideró que Duarte no acreditó arraigo suficiente, debido a que los domicilios que presentó están registrados entre 2011 y 2015, además de que existe riesgo de que pueda influir en testigos o entorpecer el desarrollo de la investigación. Con estos argumentos, ordenó su reclusión inmediata en el penal de máxima seguridad mientras se resuelve su situación jurídica.
La FGR sostiene que el caso está respaldado por más de 120 pruebas, entre las que se incluyen dictámenes periciales, documentos bancarios, actas constitutivas de las empresas implicadas y declaraciones ministeriales. La carpeta detalla que parte del dinero desviado habría sido triangulado a través de compañías vinculadas al propio Duarte, así como hacia cuentas de terceros y familiares, lo que forma parte del presunto mecanismo de lavado.
La audiencia para definir si Duarte será vinculado a proceso quedó programada para este sábado a las 13:00 horas. De ser procesado formalmente, el exmandatario enfrentaría cargos por lavado de dinero y otros delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos durante su administración.
El traslado al Altiplano marca un paso clave en el caso, que ha sido seguido de cerca por autoridades y ciudadanía, y que podría derivar en uno de los procesos penales más relevantes contra un exgobernador en la última década.
