El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, reveló que el programa federal “La Escuela es Nuestra” enfrenta un serio problema de corrupción e irregularidades en San Luis Potosí, pues alrededor del 50% de las escuelas beneficiadas acumulan denuncias por obras mal ejecutadas, desvío de recursos y compras irregulares.

El funcionario explicó que el desorden proviene del modelo operativo del programa, en el que los comités de madres y padres de familia reciben directamente los recursos y contratan proveedores o constructoras sin una supervisión efectiva. Esta dinámica —afirmó— ha permitido que gran parte del dinero destinado a infraestructura educativa se pierda o se utilice de manera inadecuada.

Torres Cedillo detalló que en los 59 municipios del estado se han identificado casos que van desde edificios escolares con fallas estructurales y materiales de baja calidad, hasta denuncias por presiones a los comités para contratar proveedores específicos. “La intención del programa fue buena, pero se distorsionó por la falta de control. Muchos comités aplican solo la mitad del recurso, y la otra mitad simplemente desaparece”, señaló.

De acuerdo con cifras oficiales, en San Luis Potosí más de 2 mil 300 planteles recibieron apoyos del programa, pero la mitad de ellos terminaron con reportes de irregularidades. El titular de la SEGE subrayó que el problema no es exclusivo del estado: otras entidades del país han reportado la misma situación ante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Frente a este panorama, la Secretaría de Educación Pública (SEP) analiza una propuesta para que “La Escuela es Nuestra” deje de depender de la Secretaría del Bienestar y pase directamente a la SEP, con el fin de establecer mecanismos de auditoría y rendición de cuentas que garanticen el uso correcto de los fondos.

“El programa necesita un rediseño urgente —advirtió Torres Cedillo—, porque hoy no hay forma de auditar los recursos ni de asegurar que lleguen íntegros a las escuelas.”