La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de garantizar que todas las personas en esta etapa de la vida reciban un trato digno, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia o abuso.

La propuesta legislativa busca precisar las obligaciones de las familias y de quienes mantienen una relación directa con adultos mayores, ampliando el catálogo de conductas que deben prevenirse y sancionarse. Entre ellas, se incluyen el abuso físico o psicológico, la explotación económica, el aislamiento forzado y los actos que pongan en riesgo la integridad o el patrimonio de las personas mayores.

Ruelas Gaitán destacó que la iniciativa también establece la obligación de denunciar de forma inmediata cualquier hecho que vulnere los derechos de este sector, con el fin de activar los mecanismos de protección, investigación y restitución correspondientes. De aprobarse, las autoridades competentes deberán responder con mayor agilidad ante casos de maltrato o despojo.

Asimismo, el proyecto plantea que los familiares deben prevenir y evitar conductas discriminatorias o de abuso, ya sea cometidas por integrantes del propio núcleo familiar o por terceros. También prohíbe explícitamente acciones como el despojo de bienes, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la manipulación de actos jurídicos que perjudiquen a las personas adultas mayores.

La legisladora subrayó que la familia no solo tiene una función de acompañamiento, sino una responsabilidad activa de cuidado y respeto, evitando forzar o inducir a las personas mayores a la mendicidad, los trabajos forzados o cualquier actividad que atente contra su dignidad, salud física o mental.

Ruelas Gaitán señaló que esta iniciativa representa un avance hacia una sociedad más empática y consciente del valor de la vejez, en la que la protección y el bienestar de los adultos mayores sean prioridad en la política pública y en el entorno familiar.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada para su eventual aprobación.