La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa una semana clave para la estabilidad interna de la Facultad de Derecho, luego de meses de indefinición en la designación de su nueva dirección. El próximo jueves, el Consejo Directivo Universitario volverá a someter a votación la terna presentada por el Consejo Técnico, en un proceso que ha puesto a prueba los mecanismos de gobernanza y participación al interior de la institución.

Aunque la sesión está pensada para concluir con un nombramiento, el rector Alejandro Zermeño Guerra advirtió que, si se repite el escenario de falta de acuerdo —como ocurrió anteriormente— la Universidad deberá transitar a un esquema más directo de toma de decisiones. Conforme al Estatuto Orgánico, el rector tiene facultades para presentar una terna sin necesidad de consultar nuevamente a la comunidad universitaria cuando han transcurrido dos meses sin lograr una elección.

Zermeño recalcó que esa medida no es la ruta deseada, pues la administración central ha procurado respetar los procesos internos de la Facultad y las opiniones de su comunidad académica. No obstante, aclaró que la ley universitaria protege la continuidad administrativa y le permite intervenir para evitar un vacío prolongado en la dirección.

La terna actual —ya revisada y avalada nuevamente por el Consejo Técnico— se perfila como la última opción antes de que la Rectoría asuma de lleno la conducción del procedimiento. El rector señaló que su expectativa es que el Consejo Directivo logre consensos suficientes este jueves, lo que permitiría cerrar el ciclo de elección antes del periodo vacacional.

En caso contrario, explicó Zermeño, la definición del nuevo director o directora se trasladaría a enero, mes en el que podría convocar a una sesión extraordinaria para presentar una nueva terna elaborada directamente por su oficina y someterla a votación.

Con esto, la elección de la dirección de Derecho no solo se convierte en un asunto académico, sino también en un termómetro de la cohesión interna de la UASLP y de la capacidad de sus órganos colegiados para llegar a acuerdos en un momento clave para la institución.