La Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un exhorto emitido por el Congreso de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la atención integral a las personas migrantes retornadas al país. La propuesta busca promover una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y locales en temas relacionados con derechos humanos, reinserción laboral, regularización documental y acompañamiento social.

El presidente de la Comisión, diputado Marcelino Rivera Hernández, explicó que el punto de acuerdo está dirigido a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancias responsables de diseñar políticas públicas con enfoque humanitario y de igualdad de oportunidades para quienes regresan a México.

Rivera Hernández subrayó la importancia de que el personal de las dependencias involucradas reciba capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, con el propósito de ofrecer una atención sensible y adecuada a las familias migrantes, especialmente a niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad durante su retorno.

El legislador destacó que en San Luis Potosí ya se han consolidado acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, el INM, y oficinas de enlace federales, lo que ha permitido avanzar en la reinserción laboral de connacionales, así como en la corrección de documentos y trámites migratorios. “Nuestro estado ha mantenido una política activa y de colaboración para garantizar que ningún migrante quede sin atención o respaldo”, afirmó.

De cara a la próxima temporada decembrina —cuando se incrementa el flujo de paisanos que regresan al país—, la Comisión anunció que mantendrá vigilancia permanente y acompañamiento institucional para prevenir incidentes y garantizar un retorno seguro.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación final, como muestra del compromiso de San Luis Potosí con la defensa y protección de los derechos de las personas migrantes.