San Luis Potosí avanza en la modernización de su marco jurídico en materia de extorsión, alineando la legislación local con las recientes reformas federales. La Secretaría General de Gobierno, encabezada por J. Guadalupe Torres Sánchez, dio inicio a la homologación normativa, con la intención de garantizar que el estado responda de manera efectiva a las nuevas disposiciones nacionales.

Según datos oficiales, la entidad cerró 2024 con una tasa de 3.62 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja una tendencia decreciente en este tipo de delitos. Este contexto de relativa estabilidad permite que la actualización legal se implemente sin afectar la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad.

En paralelo, el gobierno estatal intensifica labores preventivas, especialmente en zonas estratégicas como la Huasteca, mediante operativos coordinados con la Fiscalía General del Estado. La meta es fortalecer la presencia institucional y garantizar que la armonización normativa se traduzca en protección concreta para la ciudadanía.

El secretario Torres Sánchez subrayó que la actualización legal no se limita a cambios en papel, sino que se acompaña de acciones tangibles que buscan inhibir la extorsión y consolidar un entorno seguro. Estas medidas forman parte de las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientadas a combinar la legalidad con la eficacia en la prevención del delito.