La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves que logró la recuperación de 62.8 millones de pesos como reparación del daño al erario en un caso derivado de la llamada Estafa Maestra, uno de los esquemas de desvío de recursos públicos más emblemáticos de la última década en México. La cifra fue ordenada por un juez federal tras acreditar que los exservidores públicos implicados causaron perjuicio económico al país.

Los exfuncionarios en cuestión son un antiguo director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un exrector de una universidad intercultural estatal. Ambos firmaron un convenio mediante el cual se subcontrataron servicios a un precio menor al pactado, lo que terminó afectando las finanzas públicas al no garantizarse condiciones favorables para el Estado.

La reparación del daño, precisa en 62 millones 877 mil 192 pesos, corresponde estrictamente a los montos que el juez determinó como consecuencia directa de las irregularidades administrativas. La FGR señaló que si los involucrados cumplen con el pago total de esta suma podrán acceder a beneficios legales contemplados en el Código Penal Federal, como mecanismos que sustituyen la prisión por el cumplimiento de ciertas condiciones.

Este avance judicial ocurre en el contexto de un proceso mayor que ha generado múltiples investigaciones y audiencias desde que, en 2017, una investigación periodística expuso el uso de contratos entre dependencias federales y varias universidades públicas para desviar recursos. Aunque la cifra recuperada representa solo una parte de los montos cuestionados en ese entramado, la resolución de hoy representa un paso concreto para avanzar en la exigencia de responsabilidades y en la recuperación de activos para el Estado.