En un movimiento que redefine el debate regulatorio en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó un decreto para concentrar en el gobierno federal toda decisión relacionada con la inteligencia artificial. La orden pretende impedir que cada uno de los 50 estados imponga sus propias reglas, bajo el argumento de que una tecnología estratégica no puede fragmentarse en múltiples criterios. Para Trump, la IA estadounidense solo prosperará si su desarrollo responde a una sola autoridad reguladora.

El anuncio fue respaldado por la Casa Blanca, donde funcionarios como Will Scharf explicaron que el objetivo es establecer un marco legal nacional que dé certeza a empresas y agencias. Sin embargo, el decreto llega después de que el Congreso rechazara dos veces iniciativas para permitir al gobierno federal invalidar leyes estatales sobre la materia, lo que abre dudas sobre su capacidad real de imponerse en la práctica. En la legislación estadounidense, una orden ejecutiva no suele tener fuerza suficiente para anular normativas estatales ya vigentes.

El presidente defendió la medida exhibiendo un discurso de competencia global. Según Trump, la carrera tecnológica contra China exige decisiones rápidas y un frente interno alineado. “Solo habrá un ganador, y estamos ganando”, declaró, en una afirmación que refleja la narrativa geopolítica que rodea a la IA. Al mismo tiempo, figuras influyentes en Silicon Valley, entre ellos Sam Altman y Jensen Huang, han respaldado la idea de unificar reglas para acelerar la innovación y evitar trabas locales.

Aun así, el panorama político es complejo. En el Capitolio persiste un escepticismo profundo sobre los riesgos sociales, económicos y de seguridad asociados a la inteligencia artificial. Demócratas y sectores del propio Partido Republicano temen que una regulación demasiado laxa favorezca abusos corporativos, amplíe desigualdades o deje sin control tecnologías que transforman empleos y decisiones públicas. El decreto, más que cerrar el debate, parece abrir una nueva etapa de tensión entre la Casa Blanca, los estados y un Congreso que no está dispuesto a ceder fácilmente en un tema que marcará el futuro tecnológico del país.